Supongamos que no se trata un caso aislado

Supongamos que todas y cada una de las quejas, que todos y cada uno de los reclamos de los profesores e investigadores vinculados a una institución universitaria son una mentira, un mero ejercicio de oportunismo para, a través del recién descubierto mundo de las redes, ganar espacio mediático y hacerse de 20 minutos de fama. Por tanto, que ninguno ha sido digno, ni ético, ni legal, y que todas las sanciones aplicadas se las han merecido, tanto desde lo moral como desde lo legal.

Supongamos que cada uno de los funcionarios que ha encabezado los procesos de sanciones contra aquellos profesores e investigadores son los más honestos de todo el sistema burocratizado que tenemos. Supongamos que esos le dan contenido a la estadística de los funcionarios correctos que no son aquellos que han merecido una línea en el discurso político de algún altísimo dirigente del país —sabiendo que un fenómeno que manche a las estructuras del gobierno solo se menciona cuando es innegable—. Por tanto, que estos cuadros solo cumplían su más estricto deber —no con el gobierno—, sino con la educación del país, con la Revolución, y que jamás cometerían un abuso de poder, y que las sanciones han sido las más justas.

Supongamos también que la Revolución no es el gobierno, que ser revolucionario no es sinónimo de estar a favor del gobierno, sino ser una persona con una serie de valores y prácticas que lo convierten en sujeto activo de una mejor sociedad. Por tanto, que hacer contrarrevolución no es estar contra el gobierno, sino violentar la disciplina laboral, fomentar vicios, discriminación, maltrato, y sobre todo, violentar la ley. Con todo ello, el resultado sería apoyar de manera fiel todos los procesos contra profesores e investigadores en nuestras universidades, porque lo contrario sería atentar contra la sagrada Revolución. Entonces, tal vez, muchas de las prácticas de expulsión serían correctas.

Ahora, por un momento, y solo por un momento, supongamos otro escenario. Supongamos que al menos uno de esos profesores e investigadores dijo la verdad, fue una persona honrada, correcta, y que ni siquiera se planteó usar las redes sociales para denunciar; que la sanción que se le aplicó fue injusta, que ni de manera moral ni legal le correspondía. Supongamos, por tanto, que el funcionario —más bien los funcionarios— que encabezaron el proceso contra aquel único profesor o investigador son los modestos representantes del autoritarismo y lo corrupto del sistema; que sí es para ellos el discurso político antiburocrático y que llama a combatir lo mal hecho; que el proceso que llevaron a cabo para sancionar no es correcto, ni moral ni legalmente. Por tanto, los funcionarios, lejos de cumplir su deber revolucionario —de la forma en que se supuso anteriormente qué era ser revolucionario—, solo abusaron de su poder al separar de su puesto de trabajo a un profesor universitario.

Para este caso, ¿qué hacer? ¿Y si fuera real, si la realidad cubana, en lo rico y diverso que es el universo de combinaciones de sucesos posibles, reprodujera ese escenario, una vez, aunque sea una vez?

El ecosistema jurídico en el que se vive está diseñado para la primera combinación de supuestos aquí mencionada, no para la segunda. La estructura supone; supone lo justo, lo moral, lo legal solo bajo el manto de las decisiones institucionales —las mismas que son guiadas por un partido que reivindica una legitimidad que no se sostiene sobre argumentos históricos—; y supone lo sucio, lo mentiroso, lo impuro, lo impío, fuera de sus espacios de poder y de decisión directa. De esa manera se arman los mecanismos: suponiendo al que ejerce el cargo con la capacidad de condenar sin tener que demostrar, y al condenado, culpable sin derecho a demostrar su inocencia.

El uso de espacios públicos —o que debieran serlo— para difundir el mensaje de una persona con poder dentro de una institución, y la imposibilidad de ejercer la defensa en el mismo ámbito, señala la desventaja existente de darse la segunda serie de suposiciones. En esas circunstancias, el profesor o investigador en cuestión no tendría mucho que hacer. No tiene a dónde ir sin encontrarse un juez-parte que use a su favor la maquinaria de los medios estatales. ¿Cómo demostrar la mentira, la vileza, si el mentiroso, el vil, es quien debe castigarla?

Quedar callado para esos casos es, cuando menos, una falta a esa Revolución —con el sentido antes planteado—.

Vivimos en la sociedad pensada para las primeras suposiciones y que olvida las segundas. Mientras tanto, para todos aquellos para quienes estas no sean una abstracción sino un hecho vivido desde el lado más débil, no hay cómo defenderse. Supongamos que no se trata un caso aislado.